En nuestro comunicado del 4 de julio pasado, tras el Informe delictual que hiciera el Gobierno del Chubut y presentara el Ministro Massoni, decíamos:
“La presentación del “Informe Delictual” es en realidad el anuncio de la mutación de un Estado de Derecho hacia un Estado Policial. (…). La Paz social solo se alcanza con Justicia social. Todo lo demás es demagogia o patoterismo.”
Desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Rosario denunciamos y hacemos cargo al estado paraguayo del asesinato y encubrimiento de dos niñas de once años de nacionalidad argentina perpetrado por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de aquel país.
Sobre el acto se declaró oficialmente que las niñas eran guerrilleras y que sobre ellas se había impuesto un operativo exitoso llevado a cabo por las mencionadas fuerzas represivas.
“El embarazo en la infancia no está vinculado al ‘instinto materno’, es abuso sexual y por tanto el embarazo es forzado”, sostiene UNICEF.
Es urgente que se promulgue la ley que garantice el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Esa ley contribuirá -entre otras cosas- a frenar la violencia contra niñas obligadas a parir.
Cuidarlas es contribuir a evitar que sean madres antes que niñas.
Algunas cifras
Hablamos de Roberto Pellegrini, procesado y pronto a ser sometido a juicio por 32 casos de privación ilegal de la libertad agravada, por mediar violencia y amenazas, 8 casos de homicidios agravados por el concurso premeditado de dos o más personas y asociación ilícita. Son los delitos más aberrantes de nuestra historia reciente, que constituyeron el genocidio perpetrado durante el Terrorismo de Estado.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), ante la triste noticia que confirma que el cuerpo hallado el 15 de agosto es el de Facundo Astudillo Castro, reitera una vez más la imperiosa necesidad de garantizar una investigación judicial profunda y sin ningún tipo de condicionamientos.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifiesta su preocupación respecto a la situación de trabajadores mineros de Salta y sus familias que se encuentran acampando hace más de ochenta días frente a la empresa Mansfield.
La mencionada firma terceriza el trabajo con la empresa EDVSA, y esta última, luego de iniciada la cuarentena, despidió de forma ilegal a 250 trabajadores, cuando se encontraba vigente el DNU 329/2020. Sumado a esto, no se les ha abonado la liquidación correspondiente a sus salarios.
No queremos convivir con genocidas sueltos, sabemos que no cumplen con la prision domiciliaria, no tienen la vigilancia que ameritan los graves crímenes cometidos por ellos. Los familiares, hijos/as, víctimas del terrorismo de estado y los organismos de D.D.H.H. que hace 45 años luchamos por conseguir JUSTICIA, nos sentimos revictimizados por el mismo. No queremos a “Curro” Ramos en las calles!! Sres. Jueces: NUNCA MÁS.
APDH ESQUEL abraza a todxs lxs trabajadores del sector de la SALUD, declarados esenciales en este tiempo de PANDEMIA, quienes han puesto el cuerpo durante todos estos meses, que nos han cuidado, nos han enseñado, nos han advertido, nos han informado, han trabajado junto a los municipios de la zona para protegernos a pesar de sus condiciones laborales, con sueldos atrasadísimos, con escasos insumos para la atención cotidiana de pacientes y para cuidarse y protegerse ellxs mismos en esta contingencia.
El oficialismo en la legislatura de Mendoza, en una mezcla de obsecuencia con sus mandamases e ignorancia sobre el tema, acaba de sancionar una pésima reforma del mecanismo local de prevención de la tortura de la provincia de Mendoza (Ley 8.284).
La reducción de doce (12) a 2 (dos) de los miembros del Comité expresa la intención de sacarse de encima a los/las representantes de organismos de derechos humanos que garantizaban la imparcialidad de este organismo.