La APDH denuncia reiterados hechos de avasallamiento de los derechos de diversos pueblos y comunidades en Santiago del Estero

APDH Nacional
Pueblos Originarios
Desde la Secretaría Nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) a las autoridades del Poder Judicial de la provincia de Santiago del Estero

Desde la Secretaría Nacional de Pueblos Originarios de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Argentina, queremos poner de manifiesto nuestra preocupación por los reiterados hechos de avasallamiento de los derechos comunitarios de diversos pueblos y comunidades en la provincia de Santiago del Estero.

Venimos reiterando desde tiempo, de modo continuo, como parte de un seguimiento de las denuncias recibidas, cómo son usurpados los territorios comunitarios indígenas por parte de diversos actores de la sociedad criolla, y cómo, frente a ello, la respuesta recibida en las comisarías es sumamente lenta, teniendo que insistir con numerosas llamadas y cuando intervienen, en la mayoría de los casos, da lugar a un accionar desmedido y arbitrario de las fuerzas policiales.

Aún estamos esperando la medida cautelar solicitada ante los atropellos reiterados en el territorio de la comunidad tonokoté de Potrillo Pozón, y en las últimas semanas se reiteraron situaciones similares en la comunidad tonokoté de Atoj Wasi, localizada en el paraje Cardón Esquina, Departamento Figueroa e integrante al igual que la nombrada en primer lugar del Consejo de la Nación Tonokote Llutki. Cabe aclarar que nos consta que dicha comunidad está organizada respondiendo a las disposiciones vigentes en el art .75 de la Constitución, así como en el marco de las leyes y otros pactos internacionales.

En este caso, la situación es mucho más compleja, porque en el actual contexto de pandemia, y el consecuente aislamiento social impuesto, la permisibilidad, de quienes debían garantizar la preservación y vigencia de los derechos comunitarios en su territorio, ha posibilitado el ingreso de usurpadores y saqueadores de toda laya, desoyendo todo el corpus jurídico que lo impide y poniendo en peligro la conservación de la biodiversidad, la defensa de los bienes comunes y los derechos de la Madre Tierra, que ha garantizado la comunidad, como lo han hecho desde siempre los pueblos indígenas en sus territorialidades.

Por todo lo dicho, solicitamos tengan a bien dar una satisfactoria y eficaz respuesta a la situación imperante en vuestra provincia, impidiendo que hechos como éstos se reiteren, ya que permitir el despojo de los territorios comunitarios indígenas, además de atentar contra los derechos de los pueblos originarios, protegidos todos por leyes nacionales así como por diversos convenios y pactos internacionales, ha comenzado a socavar el tejido social de las comunidades.