¿¿ Existe el Estado de Derecho para las Personas Mayores de Argentina??
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) con el especial acompañamiento de sus Regionales de Córdoba, Villa María, Río Cuarto, Río Tercero , Mendoza, Conurbano Sur, Tuyú Sur, San Juan , Rosario y Chaco Impenetrable observan con alarma la ausencia del estado de Derecho en referencia a la reposición de la gratuidad de los medicamentos que deben ser suministrados por el PAMI.
Tras varias resoluciones que otorgaron la medida cautelar a favor de la devolución del derecho a recibir los medicamentos en forma gratuita, trámite que presentaron oportunamente a partir del año 2024 asociaciones de jubilados y pensionados de las provincias de Mendoza, Tucumán, Córdoba, Salta, Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma (CTA AUTÓNOMA, se observa que las autoridades del PAMI nunca cumplieron con el mandato judicial.
El Poder Ejecutivo Nacional y los funcionarios del PAMI, violan una orden judicial tanto a nivel nacional como a nivel regional y se han negado sistemáticamente a cumplir los fallos de la justicia a pesar de las sucesivas intimaciones, emplazamientos y la aplicación de multas diarias. Dicha orden judicial obliga a reponer el programa “Vivir Mejor” y proveer el listado de medicamentos esenciales, en forma automática y gratuita a todos los afiliados.
¡¡ NUNCA SE REPUSO LA GRATUIDAD DE LOS MEDICAMENTOS!!
Ante esta negativa la APDH que reúne a todas Regionales de la Provincia de Córdoba, ha presentado ante la Fiscalía Federal de aquella provincia una denuncia penal solicitando la investigación judicial de la eventual responsabilidad penal, que podría caberles a Esteban Leguizamo, en su carácter de director nacional del PAMI, y al director de Córdoba de dicho instituto, Marcos Patiño Brizuela, como supuestos responsables en calidad de autores, cómplices o instigadores, por sus conductas de los delitos tipificados como desobediencia a la autoridad, actos discriminatorios, estafa procesal, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, sin perjuicio de las otras figuras penales que pudieran surgir de la Investigación penal.
Mientras tanto las Personas Mayores comprometen cada día su salud física y mental y siguen esperando que funcione el Estado de Derecho.
Las Personas Mayores tenemos paciencia, pero no tenemos tiempo.
Las demoras y dilaciones contribuyen el GENOCIDIO SILENCIOSO que lleva adelante el gobierno de Milei contra nuestro colectivo.
