APDH expresa su profunda preocupación y enérgico repudio ante el violento desalojo ejecutado el pasado 12 de junio contra familias de la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) expresa su profunda preocupación y enérgico repudio ante el violento desalojo ejecutado el pasado 12 de junio contra familias de la Comunidad Diaguita Kallchakí Las Pailas, en el departamento de Cachi, provincia de Salta.
Según la información pública disponible y las denuncias efectuadas por la comunidad, el operativo implicó el despliegue desproporcionado de fuerzas de seguridad, la expulsión de familias de sus hogares, la afectación de niños, personas mayores y personas con discapacidad, así como la destrucción de cultivos y la dispersión de animales que constituyen el sustento de las familias afectadas.
Estos hechos resultan particularmente graves por producirse en territorios cuya ocupación ancestral ha sido reconocida y documentada mediante la legislación vigente. Asimismo, generan preocupación las denuncias respecto de posibles irregularidades procesales y la falta de consideración de los antecedentes jurídicos y administrativos que acreditan la posesión tradicional de la comunidad. Las evidencias históricas, antropológicas, arqueológicas y sociales acumuladas durante décadas respaldan de manera contundente la presencia ancestral del Pueblo Diaguita en los Valles Calchaquíes.
Los derechos de los pueblos indígenas se encuentran protegidos por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, por la Constitución de la Provincia de Salta, por el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo y por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, instrumentos que obligan al Estado argentino a garantizar la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas y a abstenerse de adoptar medidas que vulneren esos derechos.
Por lo tanto:
REPUDIAMOS acciones que desconozcan la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y que comprometan la integridad física, social y cultural de las comunidades.
EXIGIMOS a los poderes públicos, a las instituciones democráticas y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitando discursos estigmatizantes y promoviendo una perspectiva respetuosa de los derechos humanos y de la diversidad cultural.
EXIGIMOS a las autoridades provinciales y nacionales la adopción inmediata de medidas que garanticen la protección de las familias afectadas, el cese de toda acción intimidatoria o represiva, la revisión de las actuaciones cuestionadas y el pleno respeto de los derechos territoriales indígenas conforme a los estándares constitucionales e internacionales vigentes.
